¿Qué aprobó el Senado? Una nueva ley de discapacidad, por 71 votos a favor y ninguno en contra. Deja atrás la emergencia en el área, que vence el 31 de diciembre, y la reemplaza por reglas permanentes. Su miembro informante, Agustín Monteverde, dijo que prorrogar la emergencia genera incertidumbre a beneficiarios y prestadores.
¿Qué sigue igual? La pensión no contributiva equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza por inflación. El CUD sigue siendo la vía principal para acceder, y se mantienen el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Quienes tienen CUD pueden conservar la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptos en regímenes tributarios, mientras sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
¿Qué cambia? Habrá controles más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad hará auditorías periódicas cruzando datos con ANSeS, ARCA, Renaper y SINTyS. Podrá suspender un beneficio de manera preventiva ante un incumplimiento, pero con aviso previo y rehabilitación provisoria. Si hay deudas con prestadores, el Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos en 30 días y cancelarlas en 90.
¿Qué quedó en discusión? El financiamiento y la ejecución. La ley prevé partidas del Ministerio de Salud y compensaciones del Tesoro si no alcanzan. La senadora Alicia Kirchner advirtió que ANSeS, con 427 centros en el país, podría no tener capacidad operativa. La radical Mariana Juri pidió prestar atención a que el Presupuesto 2027, que sigue en Diputados, incluya estos fondos.